La Unión Europea en estos veinticinco años ha pasado a ser de una comunidad de doce estados miembro a veintisiete, de poco más de trescientos millones de habitantes a más de quinientos, produciendo la misma riqueza de los Estados Unidos, manteniendo su primacía en los intercambios internacionales, y en la contribución a las sociedades más desfavorecidas. Los sucesivos Tratados  han permitido tanto la ampliación como la profundización en sus estructuras y competencias políticas e institucionales. Cuenta con una moneda única el euro, que es la moneda de más de trescientos veinte millones de ciudadanos europeos. Con el Tratado de Lisboa, vigente desde diciembre del 2009 la Unión cuenta con un presidente permanente, una alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad y el Consejo y el Parlamento Europeo comparten las decisiones de prácticamente todos los ámbitos bajo la competencia  de la Unión Europea. El mundo ha dejado de ser bipolar, es multipolar en un proceso de redistribución del peso político y económico marcado por la emergencia en el primer plano mundial de países como China, India,  o Brasil, que en una o dos décadas transformarán el panorama mundial al que estamos acostumbrados.

España ha participado activamente en todo este proceso como miembro destacado de la Unión Europea, ha demostrado ser un socio fiable y decidido defensor de la causa europea y de la consolidación de su personalidad política e institucional, como lo demostró en el proceso para tener una Constitución Europea y el referéndum que se celebró en España para ratificarla. España en la Unión Europea ha ganado en términos absolutos, su renta por habitante se sitúa en la media europea,  algunas de sus comunidades claramente la han superado, y para las perspectivas financieras para el próximo periodo de 2014 a 2019, únicamente Extremadura se presenta como susceptible de recibir ayudas de forma prioritaria. El avance económico y la mejora económica y social que ha experimentado España desde su integración en la Unión es clara, una buena parte de sus infraestructuras, por no decir todas han recibido en mayor o menor medida la contribución europea para poderse realizar, también en  el mundo rural, en equipamientos sociales, infraestructuras, comunicaciones, la regeneración de centros urbanos, en los programas de investigación y desarrollo e innovación tecnológica la contribución europea ha resultado decisiva para su mejora y poder alcanzar estándares propios de las sociedades más avanzadas. Recordemos que España ha sido siempre receptora neta de fondos europeos y que durante los primeros lustros fue la más beneficiada, contribuyendo en más de un punto en las tasas de crecimiento anual de la economía española.

Aunque destaquemos la dimensión económica y la contribución a la mejora de nuestros niveles socio-económicos, fruto de nuestra pertenencia a la Unión, no demos olvidar que la Unión Europea es  un proyecto político, el de asegurar paz y estabilidad a Europa, superando las guerras que la habían caracterizado. El horror de la última llevó a la realización del proyecto que hoy conocemos como Unión Europea, una comunidad de estados democráticos, con economía social de mercado, asegurando la defensa de los derechos individuales y colectivos más avanzada del mundo, en justicia y libertad, compartiendo amplios dominios de soberanía en proyectos comunes y asegurando el progreso económico y social de sus ciudadanos, desarrollando además políticas para asegurar el equilibrio económico y social en el territorio de la Unión. La Unión Europea es una historia de éxito,  en sus seis décadas de existencia desde el Tratado de Paris de 1951, ha asegurado lo substancial de estos objetivos y ha acogido a estados procedentes de dictaduras que en libertad se habían dotado de una democracia y que aspiraban a consolidarla compartiendo los objetivos y valores de la Unión establecidos ahora en el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea , conocido como de Lisboa.

La Adhesión del Reino de España a la Comunidad Económica Europea y su integración a partir del primero de enero de 1986, responde al objetivo fundamental de consolidar la democracia española surgida de las elecciones de 1977. La integración entonces a la CEE aseguraba la necesaria consolidación democrática,  la homologaba con las democracias occidentales integradas en la CEE y la OTAN y se obligaba a una remodelación de sus estructuras institucionales y también económicas y sociales, ofreciendo a sus ciudadanos unas perspectivas de mejora para alcanzar los niveles propios de las sociedades que integraban la CEE. En Europa las sociedades que alcanzaron la democracia después de dictaduras fascistas o comunistas han seguido el mismo proceso, Grecia, España y Portugal con su integración el los ochenta, y las de los países del centro y el este de Europa en la pasada década. El objetivo primordial es principalmente político, tanto para la propia Unión Europea, como para los estados que la integran.

En los primeros años de la integración, España se adaptó admirablemente a la nueva realidad, su alto nivel de proteccionismo desapareció y se adaptó a los niveles de una economía abierta sujeta al arancel común, reformó su intricado sistema fiscal en impuestos indirectos, eliminó protecciones corporativistas, se incorporó más rápidamente de lo previsto para el periodo de adaptación transitorio a las prácticas e instituciones de la CEE de entonces, y ciertamente sus empresas mostraron una gran capacidad de adaptación y competencia en el mercado interior europeo y supieron aprovechar sus ventajas comparativas, tanto para la atracción de inversiones como para la expansión en aquellas áreas que les eran más favorables pero que las acogían mejor gracias a pertenecer a la Unión, la mayoría de las grandes empresas multinacionales españolas que ahora cuentan en la escena internacional se forjaron con la expansión en Latinoamérica. A nivel interno la aportación de los fondos de la Unión Europea permitieron las mejoras económicas y sociales que hemos comentado así como la creación de grupos empresariales potentes en diversos sectores básicos para la mejora de equipamientos, infraestructuras y comunicaciones. La liberalización impuesta por la Unión en la aplicación del Acta Única Europea (1987) y del Tratado de Maastricht (1993) para la consecución de un auténtico Mercado Interior Europeo, conllevó un proceso de privatizaciones y apertura de mercados en toda la Unión al que respondió también muy positivamente la economía española con la consolidación de empresas hoy muy competitivas a nivel internacional.

En el Tratado de Maastricht se establecieron las instituciones, condiciones y calendario para una moneda única europea con la creación de la Unión Monetaria. España se encontraba alejada de los llamados criterios de Maastricht para integrarse en la moneda única europea, el euro, pero estableció como prioridad de su política económica y monetaria el alcanzarlos para poder integrarse en el grupo fundador. Una muestra más de la voluntad de España para participar de forma destacada en los grandes objetivos europeos y el euro ciertamente lo era. Las acertadas políticas económicas dirigidas a cumplir este objetivo permitieron que los ciudadanos españoles compartiesen a partir del primero de enero de 1999 con los de otros estados miembros de la Unión que sumaban más de trescientos millones de habitantes, una misma moneda que garantiza estabilidad de precios y el mantenimiento de su poder adquisitivo. La pertenecía en el euro implicaba para los estados que la tenían como moneda, la estabilidad presupuestaria, ir ajustando sus cuentas para reducir su  deuda que debería estar siempre por debajo del 60 por ciento y eliminar el déficit si lo hubiera y siempre por debajo del 3 por ciento. España siguió hasta el 2008 estas orientaciones llegando a tener superávit.

La crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos  en el citado año del 2008, ha trastocado profundamente las perspectivas de la Unión Europea y la posición de España en la misma. En un momento en el que la Unió se dotaba de un nuevo Tratado, el de Lisboa, que le daba más competencias y la dotaba de una representación institucional además de reconocerle personalidad jurídica propia, se enfrentaba a una de las crisis más profundas desde su creación. Aún en el año 2000, la Unión se comprometió para la década del 2000 al 2010 a “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitivas y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. Es obvio que el objetivo no se ha cumplido ni se cumplirá, otras sociedades y economías emergentes la superarán, España que por la misma época presumía de poder alcanzar Italia y Francia y tener su lugar en el entonces preeminente G7 objetivo que tampoco se alcanzó. Los respectivos retrocesos que han sufrido son evidentes.

La economía de la Unión Europea se ha recuperado en su conjunto, la eurozona concretamente  presenta una tasa de crecimiento del 1,9 por ciento para este año y del 1,7 para el próximo. La tasa de paro es del 9.9 y la inflación del 2,7. Su balanza exterior tiene un déficit del 0,4 por ciento del PIB. Estas cifras muestran una economía  más equilibrada que la norteamericana con un déficit exterior  del 3,3, un  desequilibrio presupuestario del 9,1 frente 4,3 de la eurozona, una previsión del crecimiento del 2,5 para este año y una inflación 2,9 con una tasa de paro del 9,1. En este contexto hay economías de la eurozona que presentan una situación mucho mejor, como es el caso de la alemana,  con un crecimiento del 3,4, inflación del 2,5, tasa de paro 7,0, deficit presupuestario del 1,6 y balanza exterior con un superávit del 5,1. Hay otras que presentan igualmente una muy buena situación como Holanda, Austria,  Dinamarca o Suecia. Hay por lo tanto países que han salido claramente de la crisis. España no se encuentra en este grupo.

Las últimas cifras de la economía española muestran  un magro crecimiento del 0,7 por ciento para este año, una tasa de paro del 20,9, que supera el doble de la de la eurozona, inflación del 3,1 y un déficit exterior 3,8, con un déficit  público del 6,8. España no ha superado la crisis. No haremos aquí un análisis de las causas de la misma y las razones por las que no se corrigió a tiempo la política española que nos ha llevado a la situación actual, constatemos simplemente que el ministro de economía y finanzas español responsable de este cartera desde abril del 2004 hasta 2009 no aplicó las recomendaciones sobre la necesidad de reformas estructurales en profundidad que él mismo recomendaba para la economía española cuando era comisario de economía de la Unión Europea, ni e retraso por parte del gobierno del presidente Zapatero en reconocer la crisis, que hizo finalmente pasadas las elecciones de marzo del 2008, pero sin empezar a actuar en la buena dirección hasta el claro mandato del directorio europeo en mayo del 2010.

Para reubicarse en la eurozona España debe actuar con firmeza, realizar las reformas estructurales aún pendientes, llevar una política “business friendly” que devuelva la confianza para realizar nuevas inversiones y se favorezca la iniciativa empresarial, y con ella el empleo. El sector público debe sanear sus cuentas, agilizar las administraciones y actuar decididamente y sin dilaciones para cumplir con los compromisos establecidos en los pactos de estabilidad y crecimiento y observar los niveles de déficit y deuda exigidos para pertenecer a la eurozona. Recuperada su credibilidad en la eurozona, deberá recuperar su protagonismo político en la consolidación y desarrollo de todas las posibilidades que ofrece la aplicación del Tratado de Lisboa, consiguiendo un auténtico liderazgo en la Unión Europea cuya carencia se hace tan palpable en la resolución de la crisis actual de la eurozona.

Carles A. Gasòliba
Presidente Comité Español de la LECE